Tutela judicial efectiva según la constitución española. Derecho fundamental

La tutela judicial efectiva puede ser definida como el derecho de toda persona a increpar la actividad de los órganos judiciales, en defensa de sus legítimos intereses. Es reconocida en la Constitución Española y enmarcada en los derechos fundamentales del ordenamiento jurídico español.

En este sentido, dicha actividad debe finalizar en resoluciones basadas en el derecho, al término de un proceso justo. Este derecho también incluye la obligación de que dichas resoluciones judiciales expliquen detalladamente los motivos y razones en los cuales se fundamentan para llegar a su decisión.

Por lo tanto, en dicha explicación debe ser irrelevante la arbitrariedad, de tal manera que será vulnerado este derecho en los casos en los que la resolución no contenga esta motivación o, que la contenga pero ésta sea fundamentada en un razonamiento arbitrario o irrazonable.

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¿En qué momento se puede vulnerar la tutela judicial efectiva?

A continuación se detallan los casos en los cuales se puede vulnerar este derecho:

Acceso al proceso

Quien se considere titular de un derecho o interés legítimo podrá invocarlo ante los órganos judiciales, sin más restricciones que las emanadas por la ley. Por lo tanto, es necesario evitar cualquier traba que dificulte el acceso a la justicia (principio pro actione), absteniéndose de las interpretaciones formalistas al analizar los requisitos de acceso al proceso, facilitando siempre que sea posible, la subsanación.

En este punto, se pone de manifiesto la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 d noviembre de 2004, fundamentada en el artículo 24.1 de la Constitución Española, y en sentencias (17/1985 de 9 de febrero, FJ; 15/1989 de 5 de octubre, FJ 2; y 64/1992 de 29 de abril, FJ 3), en las cuales, este derecho es planteado con relación a quien insta el inicio del proceso judicial, proyectándose a todos aquellos que luego sean llamados al mismo.

En este campo debe garantizarse que los emplazamientos se lleven a efecto en la forma prescrita en la Ley, con el objeto de afianzar que cumplen su función de dar conocimiento a la existencia del trámite judicial.

En consecuencia de esto, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de mayo de 2006, fundamentándose en sentencias (77/1997, de 21 de abril, FJ 2; y 2016/2002, de 25 de noviembre, FJ 2), en la cual se reitera la doctrina del Tribunal Constitucional que indica que la citación por edictos de los demandados debe ser el último recurso, una vez hayan sido agotadas todas las vías que permitirían el conocimiento de su llamada al debido proceso (sentencias 96/92 o 159/99).

También queda establecido que dentro de límites para acceder al proceso cabe citar la imposición de fianzas o depósitos muy altos cuando resultan exigibles por ley (sentencia del Tribunal Constitucional 45/02), mostrándose como ejemplo la fianza exigible a la acusación popular para constituirse en parte del proceso penal.

Desarrollo del proceso

El principio que rige el desarrollo del proceso es el derecho de las partes a no sufrir indefensión, refiriéndose en este caso a la indefensión material, que es aquella que ha producido a la parte un real y efectivo perjuicio de sus posibilidades de defensa.

También es importante estar en conocimiento de que la indefensión debe ser consecuencia de una acción u omisión atribuible al órgano judicial. Es por esta razón que, cuando la indefensión que se invoque sea imputable al propio interesado, al no haber actuado con la diligencia exigible para comparecer en el proceso, una vez conocida su existencia, no es posible apreciar la vulneración del derecho a la tutela judicial, garantizado en el artículo 24.1, porque no es posible constitucionalmente una queja de indefensión de quien con su proceder propició o coadyuvó a la incomparecencia en el proceso (basado en las sentencias del tribunal constitucional 43/1989, 123/1989, 101/1990, 105/1995, 118/1997, 72/1999, 74/2001, 162/2002, 146/03 o 13 de marzo de 2006).

En este sentido, se muestran algunos supuestos en los que se alega infracción del artículo 24.1 de la Constitución, durante el transcurso del proceso:

¿qué es el derecho a la tutela judicial efectiva?

Derecho al juez natural predeterminado por la Ley

Derecho a un juez imparcial. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley tiene por objeto que se altere el órgano que tiene que conocer del proceso o su composición (tribunal) con la finalidad de influir en su resultado. Además, con el derecho a la imparcialidad del juez se procura el distanciamiento y neutralidad con relación a los intereses en conflicto.

Falta de motivación de las resoluciones judiciales

Esta motivación como reflejo del proceso mental efectuado por el juzgado que desemboca en su parte dispositiva, forma parte del derecho a la tutela efectiva condensado en el artículo 24 de la Constitución, permitiendo a las partes conocer el fundamento de lo resuelto, articulando las debidas garantías con los recursos correspondientes.

Derecho a la asistencia de abogado

Tiene como fin afianzar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limitaciones en la defensa que puedan producir a alguna de ellas la indefensión que priva el artículo 24.1. lo cual indica que, para su realización efectiva, los órganos judiciales deben prestar especial atención en la aplicación de las normas sobre gratuidad de la justicia, evitando así situaciones de indefensión (basado en sentencias del tribunal constitucional 92/1996, de 27 de mayo y 105/96).

En razón de lo anteriormente expuesto, la representación letrada puede ser solicitada incluso en los juicios de faltas o juicios verbales, como interpretación de la legalidad procesal más favorable a la efectividad del derecho. En caso de que el tribunal no acuerde la designación del letrado y procurador, se entiende que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (sentencias 47/1987 o 22/01).

Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

El proceso debe ser tramitado en un lapso de tiempo razonable, por lo que el reconocimiento de este derecho no supone la constitucionalización del derecho a los plazos procesales normados por la ley, sustentado en las sentencias 10/1991, 313/1993, 324/1994, de 1 de diciembre, y 58/1999, entre otras.

Por tal razón, inspirándose en la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional toma en consideración 3 factores para apreciar que el trámite ha excedido del término “razonable”:

  • La complejidad del asunto
  • La actitud de las partes
  • La diligencia demostrada por el órgano de justicia

En tal sentido, no cabe denunciar ante el Tribunal Constitucional dilaciones indebidas una vez que ha finalizado el proceso, porque ocurrido esto, no es posible la reparación del derecho violentado.

En consecuencia, las demandas de amparo por dilaciones indebidas, una vez que el proceso ha culminado, carecen de virtualidad y son rechazadas.

Derecho a la práctica de prueba en apoyo de las pretensiones planteadas por las partes.

El tribunal Constitucional establece dos características que sustentan este derecho:

  • No tiene carácter absoluto. Atribuye únicamente el derecho a la recepción y practica de aquellas pruebas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales la valoración sobre legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas.
  • No toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (relacionada a su admisión, práctica, valoración, entre otras), es causante de indefensión material constitucionalmente relevante. Esto consiste en que las irregularidades u omisiones procesales efectivamente verificadas, hayan supuesto para el demandante de amparo una efectiva indefensión, una vez que la garantía constitucional prevista en el artículo 24.2 cubre solo aquellos supuestos en que la prueba era decisiva en términos de defensa.

Derecho a utilizar los recursos previstos en las leyes procesales.

En este particular, el tribunal Constitucional considera que el ámbito del recurso de amparo no alcanza a revisar los pronunciamientos con respecto a la inadmisión de recursos, siendo ésta una cuestión de legalidad ordinaria, considerando aquellos casos en los cuales la interpretación o aplicación de los requisitos procesales llevada a efecto por el juez o tribunal que, conllevan a la inadmisión del recurso, resulte arbitraria, irrazonable o incurra en error de hecho patente (según sentencias 43/2000, 81/2001, o 74/2003).

Derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes.

La efectividad de la tutela judicial ordena que las resoluciones judiciales firmes no puedan ser modificadas, estableciendo salvedades en el ordenamiento jurídico, especialmente la aclaración de sentencias para subsanar defectos materiales u omisiones relevantes (fundamentado en el artículo 267 Ley Orgánica del Poder Judicial), trámite que no aprueba la modificación del sentido del fallo.

En este sentido, se admite la subsanación que es la de complemento, dado que en el artículo 215 de la ley de Enjuiciamiento Civil que lleva por rubrica Subsanación y complemento de sentencias y autos defectuosos o incompletos se contemplan 2 formulas validas que no afectaran la tutela judicial efectiva.

  • La primera de subsanación establece que solo se trata de meras omisiones o defectos, pero que impidan o dificulten la ejecución.
  • La segunda, de complemento o de autos o sentencias ante omisiones detectadas en las partes, fundamentado en el apartado  2° del artículo 215 de la ley de Enjuiciamiento Civil, expresa que se puede arbitrar para que el juez solucione cuestiones no resueltas en el auto o sentencia, cuestión que no era admitida antes de la introducción de esta fórmula en la ya citada ley, de manera de abrir una vía para que pretensiones alegadas por las partes no hayan sido resueltas por el juez.
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Jurisprudencia sobre la tutela judicial efectiva

La jurisprudencia sobre la tutela judicial efectiva, está fundamentada en el artículo 24 de la Constitución Española, refiriéndose a:

  1. “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
  2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de la inocencia.”

Esta ley regulará los casos en que, motivado al parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

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