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A partir de agosto de 1999, las autoridades locales están obligadas a cotizar por los trabajadores que ocupan puestos administrativos en virtud del artículo 26 de la Ley nº 265/1999. El nuevo régimen de expectativas – regulado en el Texto Refundido del Decreto Legislativo nº 267/2000 art. 86 – se aplica a los periodistas asalariados, tanto públicos como privados, que solicitan períodos de licencia no retribuida para desempeñar sus funciones como administradores locales (art. 86, párrafo 1, Decreto Legislativo 267/2000: alcalde, presidente provincial, miembro del consejo municipal, etc.).
La obligación de cotización de la entidad local debe ser proporcional al salario de la categoría y a la cualificación profesional que tenga el interesado en el momento de la baja.
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En primer lugar, el periodo por el que se solicitan las cotizaciones no debe estar cubierto por ningún otro tipo de cotización. El segundo requisito es que la mujer haya acumulado al menos cinco años de cotizaciones (es decir, 260 cotizaciones semanales) como empleada.
Para el cálculo de estas 260 semanas también se tienen en cuenta los periodos empleados en el trabajo doméstico o agrícola, o aquellos en los que las cotizaciones se refieren a periodos no trabajados realmente, como las vacaciones o la enfermedad remunerada.
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Cada progenitor puede disfrutar de un permiso parental de un máximo de seis meses (que puede aumentar a siete para el padre trabajador que ejerza su derecho a abstenerse de trabajar durante un periodo continuo o fraccionado no inferior a tres meses).
Con el Decreto Legislativo nº 80/2015, uno de los decretos de desarrollo de la llamada Ley de Empleo, que entró en vigor el 25 de junio de 2015, el legislador rediseñó la citada legislación sobre permisos parentales, introduciendo una serie de cambios declaradamente dirigidos a ampliar el derecho de los trabajadores parentales a la abstención laboral. En concreto, la reforma de 2015 estipulaba:
Durante el periodo de prohibición, el trabajador debe ser destinado a otras tareas, con mantenimiento del salario y la cualificación. En cuanto al desempeño de funciones superiores o equivalentes, se aplica el artículo 13 de la Ley 300/1970.
Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a un permiso retribuido para someterse a exámenes prenatales, exámenes clínicos o exámenes médicos especializados, si éstos deben realizarse durante la jornada laboral (previa presentación de los justificantes correspondientes).
