Que pasa si me readmiten y estoy trabajando

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Despido por indemnización por justificación objetiva

El artículo 18 de la Ley 300/1970 (Estatuto de los Trabajadores), modificado por la Ley 92/2012 de reforma del mercado de trabajo, regula el régimen sancionador a aplicar en los casos de despido improcedente de un trabajador contratado de forma indefinida con anterioridad al 7 de marzo de 2015 (fecha de entrada en vigor del Decreto Legislativo 23/2015, que introdujo un nuevo régimen de protección para los trabajadores despedidos de forma improcedente).

En estos casos, el juez, declarando la nulidad del despido, ordena al empresario la reincorporación del trabajador al puesto de trabajo y le condena al pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos durante el periodo posterior al despido y hasta la reincorporación, así como al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y a la Seguridad Social durante todo el periodo comprendido entre el despido y la reincorporación.

Esta protección se aplica en todas las hipótesis no cubiertas por las demás protecciones, si el juez constata que no se da la razón subjetiva justificada o la justa causa alegada por el empleador.

Indemnización por cese indefinido

En concreto, para los trabajadores contratados (antes del 7 de marzo de 2015) por un empresario que supere los umbrales de tamaño establecidos en el artículo 18 de la Ley 300/1970, se aplican los criterios contenidos en el mismo artículo 18.

Esta disposición, tras la reforma de 2012, que renovó profundamente el régimen de protección aplicable en caso de despido improcedente, prevé diferentes regímenes de protección en función del tipo de defecto que caracteriza al despido.

Fuera de los supuestos previstos en el artículo 2, para el resto de los casos de despido improcedente, la nueva normativa prevé distintos regímenes sancionadores en función de que el empresario supere o no los umbrales de tamaño fijados por el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores.

El trabajador tiene derecho a una mera indemnización económica incluso en caso de despido improcedente por incumplimiento de la obligación de motivación (artículo 2.2 de la Ley 604 de 1966) o por incumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores.

Despido por causa justificada

En estos casos, el pago del Naspi por parte del Inps se supedita a la devolución del importe abonado en caso de que el trabajador despedido, a raíz de un litigio, o como resultado de una negociación, se reincorpore al puesto de trabajo.

El artículo 46 de la L.D. 18/2020 se refiere a los despidos colectivos y a los despidos individuales, independientemente del número de trabajadores, de conformidad con el artículo 3 de la Ley nº 604 de 15 de julio de 1966; por consiguiente, la prohibición no abarca las dimisiones.

El artículo 46 del Decreto Ley 18/2020 establece que los despidos individuales por causas objetivas justificadas, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 604 de 1966, y los despidos colectivos quedan suspendidos durante 60 días, es decir, desde el 17 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del Decreto Ley 18/2020) hasta el 16 de mayo de 2020.

Con la intención declarada de salvaguardar los niveles de empleo, el Decreto Ley de Relanzamiento interviene sobre el artículo 46 del decreto “Cura Italia” (Decreto Ley nº 18 de 17 de marzo de 2020, convertido, con modificaciones, por la Ley nº 27 de 24 de abril de 2020), sustituyendo en el apartado 1, las palabras: “60 días” por “cinco meses”.

Despido injustificado

Tras la entrada en vigor del Decreto Legislativo 23/2015, el sistema prevé diferentes regímenes de protección en función de si el trabajador despedido fue contratado antes o después del 7 de marzo de 2015.

Por otro lado, las protecciones previstas en el Decreto Legislativo nº 23/2015, en materia de “contrato indefinido con protecciones crecientes”, que desarrolla la Ley Delegada 183 de 2014 (la llamada Ley de Empleo), se aplican a los trabajadores contratados con un contrato indefinido a partir del 7 de marzo de 2015.

Para el resto de las hipótesis de despido improcedente, la nueva normativa sigue ofreciendo diferentes protecciones según se trate de trabajadores empleados por empresas que superan los umbrales numéricos establecidos en el artículo 18 de la Ley 300/1970 o de trabajadores empleados por empresarios que no alcanzan dichos umbrales.

En caso de despido discriminatorio, nulo o ineficaz, estas normas establecen un sistema único de protección aplicable a todos los trabajadores, independientemente del número de empleados del empresario.

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