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Fiscalidad de las indemnizaciones por transferencia
Tras dar una definición del traslado de trabajadores y analizar sus diferencias con el desplazamiento y la comisión de servicio, el artículo se centra en las diferencias entre los traslados en la administración pública y en el sector privado.
Analiza algunos casos especiales, como el traslado de un trabajador discapacitado y el traslado de una madre, así como la relación entre los traslados de empresas y la protección de los trabajadores.
En cuanto a la diferencia entre traslado y comisión de servicio, mientras que el traslado del trabajador tiene un carácter estable y definitivo, la comisión de servicio responde a necesidades temporales y transitorias del empresario, a veces imprevisibles en el momento de la contratación.
El traslado del trabajador debe estar motivado por necesidades organizativas, técnicas y de producción, “con referencia tanto al lugar de origen como al de destino” (Tribunal de Milán, sentencia de 20/5/2003), que debe implicar un “proceso de reorganización interna que implique la desaparición de las tareas anteriormente encomendadas al propio trabajador” (Tribunal de Casación, auto nº 15635/2020).
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La Ley 183/2010 introdujo por primera vez plazos para impugnar la medida por la que el empresario ordena el traslado de un trabajador de un lugar a otro.
Se ha argumentado que la protección en cuestión no se aplicaría en el caso de un traslado ordenado dentro del mismo municipio: en este caso, de hecho, el empleado no sufriría sacrificios significativos y, por tanto, no habría razón para que operara la prohibición legislativa.
Sin embargo, este argumento choca con el claro contenido literal del artículo 2103 del Código Civil, que sólo habla genéricamente de traslado, sin ninguna indicación sobre la distancia entre el lugar de origen y el de destino.
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No es infrecuente que el empresario ordene un traslado que el trabajador considera ilegítimo y al que decide no atenerse negándose a actuar en el nuevo lugar de trabajo.
Hay que tener en cuenta que esa ponderación entre los derechos e intereses del trabajador y del empresario, ambos con cobertura constitucional, debe hacerse potenciando las necesidades de atención y asistencia de la persona con discapacidad y evitando repercusiones perjudiciales siempre que las necesidades técnicas, organizativas y productivas no sean efectivas y, en todo caso, susceptibles de ser satisfechas de otra manera (cass. 25379/2016).
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El Tribunal de Casación, Sección Laboral, con la sentencia nº 26603 de 18 de octubre de 2019, estableció que, a efectos de reconocer el derecho del trabajador al traslado, es necesario constatar la existencia de determinados indicadores que revelen la necesidad real de asistencia a favor del familiar discapacitado.
El Tribunal de Casación, en su sentencia nº 704 de 18 de enero de 2021, aclaró que siempre debe existir un equilibrio entre el derecho del trabajador que asiste a un familiar discapacitado a someterse, sin su consentimiento, a un cambio de lugar de trabajo, y las necesidades del empresario…
El Consejo de Estado, en la sentencia nº 2226 del 02/04/2020, estableció que para denegar el traslado en virtud del art. 33, párrafo 5 de la Ley nº 104 de 1992, no se puede hacer referencia a las necesidades del servicio de forma genérica, ni basarse en evaluaciones genéricas sobre las vacantes de personal.
