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Solicitud de libertad penal tras la sentencia
Se ha subrayado la extrañeza -no prevista por ningún otro ordenamiento jurídico- de la previsión de un mecanismo de enjuiciamiento que hace depender la suerte del fondo del proceso de los acontecimientos de las medidas cautelares adoptadas (sobre este punto, véase Grillo, I vizi di una misura cautelare o la sua sopravvenuta inefficacia possono pregiudicare il merito della decisione?, en Arch. nuova proc. pen. 1998, 583).
De Simone (Comment al codice antimafia, ed. Maggioli) también habla de un plazo de eficacia, pero de forma acrítica y sin ninguna referencia a la interpretación anterior del artículo 2-ter de la Ley nº 575 de 1965.
a. El reconocimiento de la legislación anterior permitió un trabajo de recopilación con la formación de un texto único, que -en el reconocimiento- no podía ir más allá del llamado “derecho vivo”;
“(8.2) que el embargo perderá su eficacia si el decomiso no se ordena en el plazo de un año y seis meses desde la fecha de toma de posesión de los bienes por parte del administrador judicial y, en caso de recurso contra la orden de decomiso, si el tribunal de apelación no se pronuncia en el plazo de un año y seis meses desde la presentación del recurso”.
Cómo recuperar el teléfono confiscado
Las autorizaciones deben ser revocadas cuando las condiciones a las que están supeditadas falten total o parcialmente en la persona autorizada, y pueden ser revocadas cuando surjan o se pongan de manifiesto circunstancias que hubieran impuesto o permitido la denegación de la autorización.
Las personas que reciben una orden de denegación o revocación de la Questore pueden: 1) recurrir al Prefecto en un plazo de 30 días; 2) recurrir al Tribunal Administrativo Regional (T.A.R.) en un plazo de 60 días. El plazo corre a partir de la fecha de la notificación o comunicación administrativa de la decisión del Questore y desde que el interesado tiene pleno conocimiento de la misma. Todas estas vías de recurso deben realizarse con cuidado y precisión, adjuntando cualquier defensa útil que contradiga los motivos de la revocación, no pudiendo presentarse alegaciones infundadas o superficiales, bajo pena de confirmación de la medida.
Solicitud de exención de gastos
Dicho esto, hay que señalar finalmente que quien “no cumpla, en el plazo fijado por el tribunal, la orden de depositar la fianza a que se refiere el artículo 31, o no ofrezca las garantías sustitutorias a que se refiere el apartado 3 del mismo precepto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años” (Art. 76, c. 4, decreto legislativo nº 159/2011) y, en cuyo caso, la “falta de pago de la fianza prevista en la medida de prevención en el plazo fijado por la propia medida, constituye el delito de quebrantamiento de la medida de prevención si no se acredita que el imputado se encuentra en estado de indigencia”[62].
Una vez completado el examen de esta disposición legislativa, cabe señalar finalmente que la “persona a la que se le haya aplicado la administración judicial de bienes muebles, que por cualquier medio, incluso simulado, eluda o intente eludir la ejecución de la medida, será castigada con la pena de prisión de tres a cinco años” (Art. 76, apartado 5, primer párrafo, del Decreto Legislativo nº 159/2011) y la “misma pena se aplicará a quien, también fuera de los casos de complicidad en el delito, ayude a la persona indicada a eludir la ejecución de la medida” (art. 76, apartado 5, segundo párrafo, del Decreto Legislativo nº 159/2011).
Diferencia entre el secuestro 321 y 354
[12] El Tribunal menciona, a modo de ejemplo, la cuestión relativa a la confiscación del beneficio del delito, señalando que, mientras que el art. 240, primer párrafo, del código penal la califica de facultativa, en el art. 322-ter, primer párrafo, del código penal se hace obligatoria. [13] A este respecto, el Tribunal Supremo señala que “el hecho de que el decomiso se establezca como “obligatorio” no bastaría, evidentemente, para que el decomiso del artículo 321.2 del código penal fuera también “obligatorio””.Blanqueo de capitales, autoblanqueo, reutilización y recepción de bienes robados: ampliación de los delitos principales y otros cambios. El proyecto de decreto legislativo por el que se aplica la Directiva (UE) 2018/1673 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales a través del Derecho penal
Decomiso de beneficios en ausencia de condena firme: el Tribunal de Casación niega la aplicación del decomiso facultativo del artículo 240 co. 1 del Código Penal en los casos de absolución por prescripción
Reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las medidas nacionales de embargo preventivo y decomiso (incluidas las preventivas): la circular del Ministerio del Interior sobre el reglamento de la UE en vigor desde el 19 de diciembre de 2020
