Como defender un alzamiento de bienes

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El GDF de Bolonia detuvo a un empresario investigado por haber

El MAP y la Directiva 2014/41/UE son pasos progresivos en un camino para simplificar y aumentar la eficacia de las relaciones de asistencia judicial entre los Estados miembros de la UE.

El esfuerzo de simplificación pretende remediar los déficits de eficiencia que caracterizan tanto al sistema rogatorio (en el que se basan los Convenios (a), (b) y (c)) como a las dos Decisiones Marco de 2003 y 2008.

La Decisión Marco 2003/577/JAI establece el reconocimiento inmediato y mutuo de las órdenes de embargo preventivo de bienes o de pruebas “para evitar actos de destrucción, transformación, movimiento, transferencia o enajenación de pruebas”; pero no regula la fase de entrega al Estado requirente de la fuente de prueba preservada, obligando a éste a emprender, tras haber obtenido rápidamente la orden de embargo preventivo, el laborioso camino de la tradicional comisión rogatoria.

Quedan excluidos de las dos Decisiones Marco una serie de medios de investigación y prueba que, en cambio, están incuestionablemente incluidos en el ámbito de aplicación de la OEI los interrogatorios; la toma de declaraciones de sospechosos, testigos o peritos; las inspecciones personales; la toma de material biológico o de datos biométricos directamente del cuerpo de una persona (ADN, huellas dactilares); la adquisición de información en tiempo real (movimientos bancarios, vigilancia del sospechoso, interceptación de comunicaciones); los registros telefónicos y telemáticos; las operaciones encubiertas.

Combustible, fraude fiscal: operación maxi Gdf

Examen de las disposiciones individuales en el sistema de derecho penal: normas sobre la quiebra, delitos fiscales (artículo 11 del Decreto Legislativo nº 74/2000) y también la disposición del artículo 388 del Código Penal. – que sancionan conductas irresponsables en el uso de bienes muebles o inmuebles por parte de su respectivo propietario muestra de hecho cómo el instrumento penal sancionador está siempre destinado a intervenir sólo cuando se cumplen determinadas condiciones, que limitan el poder que el propietario tiene sobre el bien y exigen la prueba por parte del mismo de conductas en la gestión de su propiedad funcionales a la consecución de intereses ulteriores y muchas veces radicalmente divergentes al disfrute y explotación del propio bien.

En el caso que nos ocupa, se destacaron elementos circunstanciales como indicios concretos de que el acusado había continuado y seguía ejerciendo una injerencia efectiva en el fideicomiso y que, por tanto, los bienes en cuestión le eran directamente atribuibles:

El GDF de Roma ejecuta 10 medidas cautelares y embarga bienes para

117 Ia 42467. Extracto de la sentencia del Primer Tribunal de Derecho Público, de 2 de octubre de 1991, en el asunto X contra el Juez de Instrucción de la jurisdicción supraterritorial y la Sala de Apelación Penal del Tribunal de Apelación del Cantón del Tesino (recurso de derecho público)

3. La prohibición de recurrir al embargo para proteger los intereses de terceros se aplica únicamente a los bienes que no tienen relación con el delito. Por otro lado, las disposiciones del código penal sobre el decomiso también protegen indirectamente los intereses de la parte perjudicada (consid. 21).

En el marco de la investigación formal llevada a cabo por el juez de instrucción en relación con la denuncia por fraude, X solicitó el 16 de octubre de 1989, junto con su esposa, representada por el mismo abogado, la liberación del depósito de cuatro millones de dólares efectuado por esta última.

X recurrió esta decisión el 27 de agosto de 1990, solicitando al Tribunal Federal que la BGE 117 Ia 424 S. 427annulase junto con las decisiones del juez de instrucción de 23 de octubre de 1989 y 15 de noviembre de 1989.

Operación “Alto Impacto” de la Guardia di Finanza, Policía de

Ambas medidas se han adoptado, además de otras, contra otros tantos sospechosos, todos ellos, por los delitos de asociación ilícita para la comisión de fraudes, captación y gestión ilícita de ahorros y numerosos episodios de fraude relacionados con la trama de venta piramidal, así como por numerosos delitos de multa.

La Sección Quinta del Tribunal asignada remitió la decisión del recurso a las Secciones Unidas, señalando la existencia de un contraste interpretativo sobre la existencia de la obligación de motivar el periculum in mora en caso de embargo preventivo de bienes para el decomiso facultativo.

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